ACALERTE ALERTA DE QUE ACUERDO DE ACREDITACIÓN DE CENTROS PONE EN RIESGO “MILES DE PUESTOS DE TRABAJO” EN CASTILLA Y LEÓN Y SUPONDRÁ EL CIERRE DE CENTROS Y SERVICIOS Y “UN PASO ATRÁS” EN EL MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA QUE IMPULSÓ DE FORMA PIONERA LA COMUNIDAD. RECLAMA QUE SE APRUEBE LA FINANCIACIÓN ANTES DE OBLIGAR A ADAPTARSE A LOS NUEVOS CAMBIOS.

Valladolid, 24 de mayo de 2022

La Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte) alerta de que 55.000 personas mayores vulnerables se quedarán sin atención y los 25.000 profesionales corren el riesgo de perder el empleo si mañana se aprueba, durante la reunión de la Comisión Interterritorial, el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en los términos en los que está redactado.

La patronal castellana y leonesa se muestra contraria a que se apruebe el nuevo modelo residencial del Gobierno si antes no va acompañado de financiación. “El Gobierno no puede obligar a que se aplique un nuevo modelo sin tener asegurado que habrá financiación para ello”, reivindica el presidente de Acalerte, Diego Juez, quien reclama, por tanto, que “de forma previa a aprobarse el acuerdo de Acreditación se aprueba la financiación”.

Además, pide que la Administración Pública, tanto regional como nacional, complemente la pensión de las personas usuarias “hasta llegar como mínimo a los 2.000 euros para garantizar la sostenibilidad del cambio de modelo”. Según los datos oficiales, la nómina media en Castilla y León es de 1.078 euros, es decir, que la Autonomía y el Gobierno de España deberían aportar 878 euros de medio en el presente ejercicio y garantizar la subida año a año hasta alcanzar los 2.700 euros en 2029. De no ser así, Juez advierte de que esto “provocará la inviabilidad del sector más importante de la Comunidad”.

Acalerte avisa de los múltiples riesgos que supondría para Castilla y León que el Gobierno y las autonomías aprueben el Acuerdo de Acreditación. Y es que, según la patronal, hacerlo conllevará el cierre de numerosos centros y servicios en el mundo rural, y eso es “algo que Castilla y León no puede permitirse”, ya que, tal y como afirma el presidente de la patronal castellana y leonesa, contribuirá a aumentar la despoblación que acecha a la Comunidad.

Esos cierres de centros y servicios motivarán una notable pérdida de empleo en la Comunidad, según señala Juez, quien recuerda que Castilla y León siempre ha presumido de ser la Comunidad que más empleo genera en el sector de la atención a las personas por millón de euros invertidos, con 66,2 puestos de trabajo por cada millón invertido, frente a los 40,4 empleos en España. “Está en riesgo que sigamos estando a la cabeza y que se ponga en juego miles y miles de empleos vinculados al sector privado del ámbito residencial”, sostiene.

Acalerte está convencido, además, de que el nuevo modelo residencial que propone el Gobierno supondrá, de salir adelante, “una paralización y un paso atrás en la aplicación del modelo de Castilla y León que fue pionero en España e imitado por otras muchas comunidades”.

“Hemos trabajado muy intensamente en la Comunidad para adaptar el modelo de atención a las necesidades de las personas mayores como para que ahora permitamos, sin alzar la voz, que se dé marcha atrás”, se queja Juez, quien denuncia que “justamente afectará sobre todo a las personas con pensiones más reducidas, los más vulnerables, y que más dificultades tienen para acceder al sistema público de Servicios Sociales, con las pensiones más reducidas”.

ACUERDO DE ACREDITACIÓN. El Gobierno ha propuesto limitar las plazas en las residencias de mayores teniendo en cuenta la densidad de población de la zona en la que están ubicadas, estableciendo una horquilla que va desde las 60 hasta las 120 plazas, en lugar de la limitación a un máximo de 90 plazas como propuso en febrero.

Así se recoge en el nuevo borrador del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que el Ejecutivo está negociando con las autonomías, que son las competentes en la materia.

En concreto, el nuevo documento del Ejecutivo, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, recoge entre otros aspectos que los centros que se construyan tras la aprobación de este acuerdo «no podrán superar las 60 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o zonas escasamente pobladas»; mientras que las «localidades o zonas de densidad intermedia» tendrían el límite en 90 plazas; las «ciudades o zonas densamente pobladas», en 120.

ACALERTE. La Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia que agrupa a 250 empresas del sector de la atención de personas mayores tanto residencial como de centro de día, multiservicios, teleasistencia, y atención a la Dependencia de la región. En la región hay 45.000 personas mayores en residencias (34.464 plazas) y centros de día. De las que más de 20.000 se encuentran integradas en Acalerte.

El objetivo de la Federación es el de dotar de las mejores herramientas a sus centros para conseguir que éstos sigan siendo, en términos absolutos, la mejor opción de calidad en una ecuación entre la renta disponible, medios humanos y técnicos habilitados por los centros.

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