Diego Juez, presidente de la Federación Empresarial de Atención a la Dependencia en Castilla y León, Acalerte, ha mantenido una reunión con María Luisa García-Baquero para tratar de que la normativa se adapte a la realidad de los centros

El presidente de la Federación Empresarial de Atención a la Dependencia en Castilla y León, Acalerte, ha mantenido una reunión con María Luisa García-Baquero en el Ministerio de Sanidad para tratar de profundizar en las posibilidad de modificación en la normativa estatal sobre la prestación farmacéutica en residencias que se ha traspuesto en un  borrador del decreto de la Consejería de Sanidad que obliga a los centros residenciales de más de cien plazas a disponer de una farmacia hospitalaria.

Lo que plantea la Ley 16/2012, cuya adaptación a Castilla y León ya está en proyecto de Estudio es que los centros residenciales de más de 100 plazas cuenten con farmacia hospitalaria, lo que conlleva requisitos arquitectónicos de una farmacia hospitalaria, en el caso de acuerdo con la Consejería responsable, disponer de un Depósito de Medicamentos vinculado a la misma, es decir que los medicamentos se suministren desde el hospital de referencia de cada centro, entre otros aspectos.

Esto, concretamente, obliga a disponer de un profesional farmacéutico contratado en plantilla, es decir, con el certificado FIR (Farmacéutico Interno Residente), la disposición de un laboratorio para fórmulas magistrales y de instalaciones propias de un hospital y que afecta también a aquellos centros que atienden a personas con diferentes capacidades.

Según Diego Juez “Desde los centros residenciales buscamos el bienestar de los mayores, existe una coordinación perfecta entre las farmacias de la zona y los centros, cambios de medicación de forma inmediata y centrar toda la atención en cuidar al mayor para que se sienta como en su casa.. La aplicación de esta legislación nos hace cuestionarnos que el servicio al usuario sea tan efectivo como hasta ahora, dudamos que se pueda llevar a cabo de forma tan rápida, su posible implantación y el ahorro que puede suponer”.

En la reunión, a la que acudió acompañado del secretario de CEAPs y presidente de la patronal valenciana AESTE, José María Toro, se mostró la realidad del sector en Castilla y León y se pidió que la Norma permitiese una adaptación a las circunstancias reales y a un conocimiento del sector y de las necesidades reales del mismo.

 

Además, se planteó el hecho de la excepcionalidad de la misma ya que sólo se aplica a los centros privados y concertados,  porque los centros públicos podrán seguir empleando los recursos del Sacyl obviando las conversaciones mantenidas con el sector, y lastra el modelo que se está aplicando centrado en la persona que se está aplicando con éxito en la región.

 

Por otro lado, se da la paradoja de que la oferta de plazas para farmaceúticos con FIR este año se han convocado 267 plazas para toda España, 22 más que el pasado año, lo que hace inviable que se cubran las plazas que se generen en los centros obligando a los propios centros a incumplir una Norma “que se establece sin existir una necesidad real en el sector, que no aporta un beneficio para el usuario y que lastra a las personas usuarias del servicio”, como explicaba Juez.